En la historia republicana del Ecuador, la figura del vicepresidente ha ocupado un papel controvertido y, en muchos casos, difuso. Concebida como una instancia de “apoyo” al presidente y como su “reemplazo” en caso de ausencia definitiva, la vicepresidencia ha enfrentado recurrentes cuestionamientos debido a la falta de claridad constitucional sobre sus funciones y su rol en la dinámica de poder. Esto ha derivado, en numerosas ocasiones, en relaciones conflictivas entre los titulares de ambos cargos, una problemática que resurge en el actual gobierno de Daniel Noboa y Verónica Abad.
El proceso electoral ecuatoriano obliga a los ciudadanos a elegir un binomio presidencial en una sola papeleta, lo que supone que el presidente y el vicepresidente comparten objetivos y visiones para el gobierno. Sin embargo, en la práctica, estas relaciones suelen fracturarse por discrepancias ideológicas, pugnas de poder, diferencias en estilos de liderazgo o intereses personales. El caso más reciente, protagonizado por Daniel Noboa y Verónica Abad, ilustra estas tensiones. Enfrascados en una disputa que ha escalado hasta los niveles más altos de la justicia, ambos líderes han generado incertidumbre política y social. La falta de resolución de este conflicto, en un contexto donde, por una parte, se aproxima un proceso electoral complejo; y por otra, una severa crisis energética derivada de la sequía…, pone en peligro la estabilidad democrática.
Históricamente se han experimentado tensiones similares, desde rupturas políticas hasta marginaciones explícitas del vicepresidente por parte del jefe de Estado. La repetición de este patrón evidencia que el problema no radica únicamente en los actores, sino en un marco institucional insuficiente que no delimita claramente las responsabilidades de cada uno. La falta de precisión de las funciones del vicepresidente en la Constitución ecuatoriana ha permitido que este cargo sea interpretado de diversas maneras, dependiendo de las dinámicas políticas de turno. Este vacío normativo debe ser atendido con urgencia por la Asamblea Nacional mediante reformas que establezcan con claridad el alcance de las competencias del vicepresidente y su relación con el presidente.
Sin estas normativas, se deja un espacio abierto para interpretaciones arbitrarias que pueden poner en riesgo la democracia y la gobernabilidad. Adicionalmente, las reformas deben contemplar mecanismos para evitar que los conflictos interfieran en la administración pública. Esto puede incluir mediaciones institucionales o el fortalecimiento de órganos que garanticen un trabajo conjunto en beneficio del país.
En este momento crítico, en el que enfrentamos una combinación de sequía, apagones, corrupción y una económica adversa, es fundamental que la pugna entre las máximas autoridades del Ejecutivo no agrave aún más las dificultades. La ciudadanía demanda liderazgo, cordura, sensatez y madurez política para abordar problemas estructurales y garantizar servicios básicos. El interés público debe prevalecer sobre las disputas personales. Los líderes políticos tienen la responsabilidad de actuar con sindéresis, respetando las normas legales y buscando soluciones que eviten mayores inestabilidades. Una nación que ya enfrenta retos graves no puede darse el lujo de añadir tensiones innecesarias.
La superación de estas problemáticas requiere no solo reformas legales, sino también cultura política. Como sociedad, debemos exigir transparencia, compromiso y unidad a nuestros gobernantes…, solo así, con trabajo, ponderación y respeto a las normas vigentes, podremos salir de la crisis.
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