CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

En el contexto de las competencias y responsabilidades de los gobiernos locales en el Ecuador, el financiamiento adecuado para ejecutar obras prioritarias constituye un desafío constante. Los municipios, denominados oficialmente como «gobiernos autónomos descentralizados municipales», según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), enfrentan la tarea de equilibrar las demandas ciudadanas, con recursos financieros ultra limitados. Esta problemática resalta la importancia de instrumentos como la CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS (CEM), que permite recuperar capitales invertidos en obras de beneficio colectivo y REINVERTIRLOS en nuevas iniciativas.

Los municipios tienen a su cargo el desarrollo de un inmenso compendio de obras que incluyen equipamientos urbanos, servicios sanitarios, pavimentación, redes de agua potable, alcantarillado, y espacios públicos como parques y plazas. Estas intervenciones son esenciales para mejorar la “calidad de vida” de los ciudadanos y fomentar el desarrollo económico y social de sus urbes. Sin embargo, la ejecución de estas obras requiere enormes fuentes de financiamiento sostenibles y equitativas.

En este sentido, la CEM se presenta como una herramienta fundamental. Regulado por el COOTAD desde 2010, este mecanismo permite a los gobiernos locales cobrar a los beneficiarios de una obra pública, un monto proporcional al beneficio directo recibido. Este principio, conocido como «tasa de retorno», no solo busca recuperar la inversión, sino también garantizar la sostenibilidad de futuras obras.

Pese a su importancia, la CEM enfrenta una percepción negativa por parte de la ciudadanía, particularmente en épocas de crisis económica como la actual. Cada año, durante el mes de enero, los montos establecidos en las «cartas de pago» generan incomodidad y rechazo, especialmente cuando se perciben como excesivos o injustificados. Este malestar se agrava al constatar que los recursos recuperados suelen ser de obras realizadas en administraciones anteriores, lo que propicia el uso político del tema.

En lugar de abordar estas discrepancias de manera técnica, hay quienes optan por externalizar los conflictos a través de los medios de comunicación y redes sociales, en lugar de promover debates constructivos al interior del Concejo Municipal. Esta falta de consenso mengua la legitimidad del proceso y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. No todas las obras pueden financiarse mediante la CEM. Infraestructuras como mercados, centros comerciales y aparcamientos pueden generar ingresos mediante concesiones, arriendos o convenios, permitiendo que sean autosostenibles. Sin embargo, obras como pavimentación, redes de agua potable, alcantarillado y espacios públicos no generan ingresos directos, por lo que su financiamiento debe recuperarse íntegramente a través de contribuciones ciudadanas.

Para garantizar equidad y transparencia en la aplicación de la CEM, los municipios deben contar con ordenanzas claras que regulen los porcentajes de recuperación y definan procedimientos administrativos accesibles. Asimismo, es crucial que estas contribuciones sean REINVERTIDAS exclusivamente en obras de interés colectivo y no en gastos administrativos o corrientes para los cuales existen otras fuentes como el impuesto predial y/o las asignaciones del gobierno central.

La población merece gobiernos locales eficientes, responsables y transparentes que inviertan en obras necesarias y PRIORIZADAS, evitando cobros excesivos o injustificados. Solo a través de un trabajo conjunto y coordinado entre autoridades, técnicos y ciudadanos, se podrá consolidar un modelo de gestión sostenible y equitativo que promueva el desarrollo integral de nuestras ciudades y comunidades.