La crisis energética que enfrenta Ecuador en los últimos meses ha revelado la fragilidad del sistema eléctrico nacional a pesar de los múltiples alegatos oficiales que intentan calmar la preocupación pública. ¡Lo sucedido el último sábado (07-09-24) no puede ser pasado por alto! Los apagones inesperados, que afectaron a diversas provincias del país, son un recordatorio de la vulnerabilidad del sistema, que parece depender tanto de condiciones meteorológicas adversas…, como de una gestión poco efectiva.
El gobierno ha respondido con medidas que, aunque aparentemente bienintencionadas, resultan insuficientes para abordar los problemas de fondo. El anuncio de que el Estado asumirá el costo de las planillas eléctricas en los meses de diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025 para aquellos consumidores que no superen los 180 KW, parece ser más una estrategia política que una solución técnica. Esta medida, que beneficiará a unos 3,4 millones de ecuatorianos, es interpretada como un intento por calmar los ánimos de una ciudadanía afectada por los cortes de energía, al tiempo que se busca captar votos de cara a las elecciones venideras. Sin embargo, esta política populista contrasta con la reciente eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que ha generado una sensación de incoherencia en la gestión gubernamental.
El problema de fondo radica en la dependencia del país de fuentes de energía hidroeléctrica, las cuales han sido severamente afectadas por la sequía estacional que enfrenta la región. Los caudales de los ríos, que alimentan las principales represas hidroeléctricas, han disminuido drásticamente, lo que ha reducido la capacidad de generación de energía. Esta situación, agravada por el cambio climático y la falta de políticas efectivas para mitigar sus efectos, ha puesto en jaque la estabilidad del suministro eléctrico.
El bajo nivel de agua en las presas hidroeléctricas es una señal alarmante de la crisis ambiental que atraviesa el país. El caso de la represa de Paute, una de las principales fuentes de energía, es emblemático; según los últimos informes, el nivel del agua en esta represa ha caído a niveles históricos, lo que ha obligado a reducir su capacidad de generación. Este fenómeno no es exclusivo de Paute pues otras represas en el país también enfrentan situaciones similares, lo que pone en riesgo la capacidad del sistema eléctrico para satisfacer la demanda energética.
El gobierno ha intentado compensar esta deficiencia con la compra y alquiler de generadores de energía térmica. El ministro de Gobierno, Arturo Félix, ha informado que se han adquirido más de 1.150 KW para suplir la demanda en provincias como Esmeraldas, Quevedo, Manabí, Durán, Pascuales, Santa Elena, Guayas y El Oro. Sin embargo, esta medida tiene sus limitaciones. La energía térmica es más costosa y menos sostenible que la hidroeléctrica, lo que plantea dudas sobre la viabilidad económica y ambiental de esta estrategia a largo plazo.
Además, esta dependencia de la energía térmica podría tener implicaciones en las tarifas eléctricas, ya que el costo de producción es significativamente más alto. La medida de asumir las planillas de ciertos meses podría ser un paliativo temporal, pero no aborda la raíz del problema, que es la falta de inversión en infraestructura energética y en alternativas sostenibles.
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