– Mientras en redes sociales y eventos nacionales se celebra la participación de autoridades cañarenses en la Cumbre de Acción Territorial Sostenible 2025, organizada por CONGOPE, AME y CONAGOPARE, en territorio la situación ambiental es crítica. La retórica de la “conservación” contrasta con la falta de acciones reales que garanticen la protección de los ecosistemas estratégicos de la provincia, especialmente los humedales altoandinos.
Uno de los casos más alarmantes es el de las lagunas de Saguin, Cochahuayco y Cocha Huma. En julio de 2024, tras una inspección técnica solicitada por el propio Concejo Cantonal, se constató que 43 predios privados se encuentran dentro del cuerpo lacustre, sin delimitación formal ni zona de amortiguamiento. Este escenario revela una severa fragilidad jurídica y ecológica, donde los humedales son invadidos, transformados y degradados ante la inacción de las autoridades locales.
La contradicción resulta evidente: mientras se buscan fondos para proyectos ambientales en escenarios internacionales, no existen planes de manejo ambiental actualizados, ni estrategias claras de restauración ecológica o gobernanza de los recursos hídricos en estos ecosistemas. La narrativa de “Cañar presente” se diluye cuando se omite o minimiza la evidencia técnica disponible y la presión antrópica visible en territorio.
Esta situación ha sido calificada por varios sectores sociales y ambientales como una muestra de greenwashing institucional, es decir, la utilización de discursos ambientalistas para mejorar la imagen pública sin asumir compromisos reales ni ejecutar políticas efectivas. A esto se suma el silencio administrativo frente a las denuncias ciudadanas, la falta de fiscalización y la ausencia de procesos participativos para la gestión ambiental.
Frente a este contexto, la ciudadanía exige transparencia, coherencia y voluntad política. Como bien han señalado expertos en derecho ambiental, “los ecosistemas no se protegen con discursos, sino con normas, planificación y participación social efectiva”. En ese sentido, se vuelve urgente una intervención integral que involucre a los gobiernos locales, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente y las comunidades organizadas. Porque la conservación no se predica con hashtags, se practica con hechos concretos.
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