LA IMPORTANCIA DE LA ASAMBLEA

En el marco de las democracias contemporáneas, las Asambleas o Congresos Nacionales constituyen una pieza fundamental para la gobernabilidad y el equilibrio de poderes del Estado. Como poder LEGISLATIVO, su rol trasciende la simple creación de leyes; se erigen como espacios de deliberación donde se debaten los asuntos políticos, económicos y sociales que impactan directamente en el desarrollo de las naciones y en la calidad de vida de los ciudadanos. La pulcritud en su estructura y funcionamiento resulta imprescindible para garantizar la solidez de un sistema democrático, especialmente en países que atraviesan crisis sistémicas, como el nuestro.

La Asamblea Nacional ecuatoriana debe estar conformada por ciudadanos probos y altamente capacitados, cuyo accionar refleje un compromiso genuino con los intereses del país. Esto cobra especial relevancia en el contexto de las elecciones generales programadas para el 9 de febrero, y el 13 de abril (segunda vuelta), en las que no solo se elegirán presidente y vicepresidente, sino también a los nuevos asambleístas. En una coyuntura marcada por una crisis energética, social, económica y política, los ecuatorianos no podemos permitirnos repetir errores.  

Los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben actuar de manera independiente, pero coordinada, para evitar abusos y garantizar el orden democrático. En este sentido, la Asamblea Nacional, además de ser un organismo legislador, cumple funciones de fiscalización y control político, lo cual la convierte en un pilar esencial para el buen funcionamiento de todo el sistema. Sin embargo, para que el poder legislativo cumpla con estas funciones, es necesario que sus miembros estén debidamente preparados y sean poseedores de una ética intachable. Desafortunadamente, acá, el acceso libre a la candidatura (acorde a los principios democráticos de igualdad y libertad), ha permitido que lleguen a la Asamblea personajes con limitada formación académica y política. Esto no solo compromete la calidad del debate parlamentario, sino que también abre las puertas a prácticas reprochables como la “compra de conciencia” y el “transfuguismo político”.

Dos problemáticas centrales que deben ser abordadas con seriedad en el futuro inmediato son: Primero, el creciente número de asambleístas. Con la reciente reforma, el número de legisladores aumentará de 137 a 151, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia y el gasto público que esta decisión conlleva. Si bien una representación plural es indispensable, el exceso de legisladores puede resultar contraproducente si no se cuenta con mecanismos eficaces que garanticen un desempeño óptimo. Segundo, los requisitos mínimos para ser candidato a asambleísta. En la actualidad, cualquier ciudadano mayor de edad puede postularse, lo cual, si bien democratiza el acceso, también permite la llegada de personas sin la formación ni la experiencia necesarias para afrontar las complejidades del trabajo legislativo. Es imperativo que se establezcan criterios básicos que aseguren la idoneidad de los candidatos, como la acreditación de estudios superiores, trayectoria profesional y conocimientos en gestión pública.

La Asamblea Nacional es el corazón del poder legislativo en los países democráticos y, por ende, su integridad y eficiencia resultan cruciales para el desarrollo de una nación. Ecuador, en su compleja situación actual, tiene una oportunidad única en las elecciones de 2025 para cambiar su rumbo y encaminarse hacia un futuro más justo y próspero.

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