LA DOLARIZACION. Un tema politizado.

La Asamblea Nacional, en un marco de creciente polarización política, se ha visto inmersa en un debate sobre la inclusión de la dolarización en la Constitución, lo cual -creemos- no debería ser una prioridad en este momento de crisis social y económica, causantes de la crisis de inseguridad que empieza a asustarnos.

La dolarización, fue implementada debido a una profunda devaluación del sucre que alcanzó su clímax en los años 1998-1999. Durante ese período, el país experimentó una grave desvalorización de la moneda nacional, a causa de una combinación de factores, entre ellos, la alta inflación, la crisis bancaria y la fuga de capitales.

Recuerdo que, en el año 1980, muy joven aún, con apenas 19 años, viajé a Panamá; en ese entonces el dólar se cambiaba a 25 sucres (lo recuerdo muy bien). 19 años más tarde, en 1999, la inflación alcanzó niveles de hasta el 60%, y el sucre se devaluó de manera alarmante. El dólar llegó a los 5.000 sucres, y en pocos meses llegó a los 25.000.Esta situación de inestabilidad económica puso en riesgo los ahorros de los ciudadanos, provocó un creciente malestar social y generó rechazo hacia el sistema económico nacional.

En ese escenario, incontrolable, el gobierno de Jamil Mahuad optó por la dolarización como medida para apuntalar la economía, buscando garantizar la estabilidad de precios y la confianza en el sistema financiero; lo cual, ciertamente, dio resultados positivos, evitó la tentación de emitir billetes sin respaldo, contribuyendo ¡claro! a la “baja” de la inflación. Desde entonces, la dolarización ha ayudado a mejorar la competitividad y ha incentivado el flujo de remesas que se ha convertido en una fuente clave de ingresos para muchas familias, sobre todo para las de nuestra provincia.

A sabiendas de que la mayoría de la población está a favor de mantener el sistema, algunos asambleístas intentan capitalizar políticamente el tema, en lugar de abordar los problemas más urgentes que aquejan al país, de centrarse en la fiscalización y en la promulgación de leyes que atiendan los problemas álgidos que enfrentamos, como la creciente ola de violencia y la inseguridad.

Este tipo de estrategias responde más a intereses electorales que a una verdadera reflexión técnica sobre la política monetaria del país. La dolarización no necesita ser inscrita en la Constitución en este momento, ya que no es un tema urgente. Es, de hecho, un asunto TÉCNICO que debería ser tratado por economistas y expertos en política financiera, sin el sesgo de la agenda política de turno. La inclusión de la dolarización en la Carta Magna podría ser parte de un análisis más profundo a futuro, realizado por el próximo gobierno, una vez que se haya logrado una estabilidad política y económica.

Insisto, la dolarización ha sido un factor clave para la estabilidad económica del país desde su implementación en el año 2000. Ha permitido evitar las tentaciones inflacionarias y ha garantizado un entorno de confianza para los inversionistas y ciudadanos. Creemos que, la innecesaria politización del tema refleja un desvío de prioridades, cuando lo que el país realmente necesita es atención a los problemas más urgentes, como la seguridad y la justicia social.