La democracia, cuyo origen etimológico proviene del griego demos (pueblo) y kratos (poder), es un sistema político basado en el ejercicio del poder por parte del pueblo. Este concepto de “poder popular”, muy conocido, muy trillado…, no solo implica la participación en elecciones, sino involucra un conjunto de derechos y deberes que permiten la convivencia armónica de los ciudadanos bajo un marco de LIBERTAD. La libertad, en su sentido más amplio, es uno de los pilares esenciales de cualquier DEMOCRACIA, y su preservación es clave para el mantenimiento de un Estado de derecho.
La DEMOCRACIA, entonces, entendida como un “sistema de gobierno” donde el poder reside en el pueblo, parece enfrentar obstáculos profundos en nuestro país, impidiendo su pleno funcionamiento. Si bien hemos mantenido procesos democráticos formales a lo largo de las últimas décadas, la realidad sociopolítica refleja que la democracia, en su sentido más pleno y filosófico, no ha logrado consolidarse. Este fenómeno puede explicarse desde varias perspectivas, incluyendo factores históricos, institucionales, culturales y estructurales, que juntos socavan su real efectividad.
Hemos sido testigos -asimismo- de un largo historial de inestabilidad política. Desde nuestra independencia, en el siglo XIX (1830), Ecuador ha atravesado dictaduras militares, cambios constitucionales y constantes interrupciones en la gobernabilidad. Estas discontinuidades han afectado la creación de una cultura política estable, necesaria para el buen funcionamiento de una democracia. El ciclo de gobiernos ineficaces o corruptos refuerza la desconfianza del pueblo hacia las instituciones DEMOCRÁTICAS, lo que a su vez fomenta la apatía y el desinterés ciudadano en participar activamente en los procesos democráticos.
La verdadera democracia debe garantizar: la libertad de expresión, el pluralismo político, la transparencia en las elecciones, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y, sobre todo, la obediencia a las mayorías y minorías. La participación ciudadana en la toma de decisiones y el control de los poderes del Estado son aspectos que permiten a la democracia consolidarse como un sistema que protege los derechos de todos. Mas, sin embargo, en nuestro país, ¡no es así!
Algunos de los PRINCIPIOS fundamentales en una democracia saludable son, entre otros: la sucesión legal en el poder, el respeto a las políticas de Estado, así como el cumplimiento estricto de las normativas constitucionales. La independencia de los poderes, es decir, la separación entre los órganos ejecutivo, legislativo y judicial es esencial para evitar la concentración del poder o las consabidas “pugnas” que ya tanto mal nos han provocado. Además, las instituciones de control, como la Fiscalía, la Contraloría, los Tribunales y las Cortes de Justicia, deben (deberían) actuar con imparcialidad, alejados de todo tinte político, para garantizar objetividad y legalidad en sus decisiones.
Las democracias, como sabemos, se clasifican en dos formas principales: la democracia “directa”, donde el pueblo toma decisiones de manera espontánea; y, la democracia “representativa”, en la que los ciudadanos eligen a sus representantes. ¡Sin embargo, la existencia de elecciones no es suficiente para definir a un país como democrático y libre! Es esencial que se cumplan los principios democráticos que, según Giovanni Sartori, son ocho: participación, competencia-electoral, rendición de cuentas, transparencia, pluralismo, control sobre los poderes, libertad y respeto a los derechos humanos.
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