El proceso penal en relación con el trágico accidente de tránsito que resultó en la muerte de Frank Sanango Cajamarca avanza tras la reciente decisión de la juez Verónica Toledo Martínez de llamar a instrucción fiscal contra Juan Daniel B.I., hijo de un exministro del actual gobierno de Daniel Noboa. El incidente ocurrió el 27 de abril de 2024 en Azogues, y se ha convertido en un caso de gran atención mediática y pública.
El abogado de la familia de la víctima, Eduardo Flores Vera, informó que la acusación se fundamenta en el artículo 357, inciso primero, del Código Penal, que tipifica el homicidio culposo. Los informes periciales y el reconocimiento del lugar del accidente apuntan a Juan Daniel B.I. como el presunto causante del siniestro.
Flores denunció que ha habido presiones para desacreditar a los investigadores del caso. “El procesado y su familia han intentado varias veces desestabilizar la instrucción fiscal, buscando que se desestime el caso y quede en la impunidad”, afirmó el abogado. Según los testimonios de testigos presenciales, el acompañante de Juan Daniel B.I. estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. “La configuración vial del lugar y la dirección de los vehículos hacen ilógico que el auto del procesado haya sido deslumbrado”, comentó Flores.
El abogado también se refirió a un informe toxicológico que sugiere que la víctima habría estado bajo la influencia de sustancias controladas. Sin embargo, subrayó que la autopsia no detectó alcohol en su organismo. «Frank estaba transportando a su hijo; no es posible que estuviera ebrio en esas circunstancias», declaró.
El proceso penal ha comenzado formalmente con la audiencia de formulación de cargos, y la instrucción fiscal tiene un plazo de 45 días para concluir su investigación, de los cuales ya han transcurrido 22. “Estamos confiados en que se hará justicia. Existen pruebas claras de responsabilidad, a pesar de los intentos del procesado de alterar los hechos”, aseguró Flores. La juez ha dictado medidas cautelares, prohibiendo la salida del país del imputado y estableciendo presentaciones semanales para asegurar su presencia en las audiencias. “Conforme avance el proceso, se determinará si se le llamará a juicio por su conducta culposa”, explicó el abogado.
La madre de la víctima, Carmela Cajamarca, visiblemente afectada, clamó por justicia. “Nosotros hemos sido amenazados, pero espero que la verdad salga a la luz. No tengo nada que ver con este dinero que se ofrece como conciliación; solo quiero que se haga justicia por mi hijo”, expresó entre lágrimas. El caso de Frank Sanango ha resonado en la comunidad, reflejando las complejas dinámicas entre la justicia y las influencias políticas. La espera por un juicio justo se mantiene, con la esperanza de que se respete la memoria de la víctima y se apliquen las leyes de manera equitativa. (R6)
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