El transfuguismo, conocido coloquialmente como “camisetazo”, representa una de las prácticas más nocivas para la estabilidad política y la consolidación democrática en el Ecuador. Esta conducta, caracterizada por el cambio de afiliación partidista, revela inconsistencias ideológicas profundas y una preocupante falta de preparación de algunos asambleístas que no solo traicionan la confianza de sus electores, sino que además favorecen intereses personales en detrimento del bien común.
El transfuguismo debilita la esencia misma de la representación popular al desdibujar los bloques políticos, generando mayorías y minorías volátiles que obedecen más a intereses coyunturales que a principios programáticos sólidos. Esto ha llevado a la Asamblea Nacional (A.N.) a convertirse en un escenario donde la negociación espuria y la búsqueda de prebendas prevalecen sobre el debate técnico y fundamentado, afectando la capacidad del legislativo para abordar temas esenciales con altura, conocimiento y un enfoque orientado al desarrollo del país.
Esta práctica no es nueva. La historia legislativa ecuatoriana está plagada de ejemplos de tránsfugas que, carentes de una orientación ideológica clara, han renunciado a los partidos que les patrocinaron para alcanzar una curul. Es una abierta demostración de “apostasía política”, una renuncia a sus ideas y convicciones en favor de intereses particulares. Este fenómeno no solo ha erosionado la confianza ciudadana sobre la A. N., sino que también ha facilitado dinámicas de corrupción, como la llamada “compra de conciencias”, en la que ofertas de prebendas, puestos burocráticos e incluso dinero en efectivo, son intercambiados por votos en proyectos legislativos o juicios políticos.
En respuesta a esta problemática, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que busca establecer sanciones más severas para aquellos asambleístas que incurran en transfuguismo. Entre las propuestas se incluye la suspensión de tres meses sin sueldo para quienes, sin justificación, se aparten de las decisiones de su bancada, y la destitución inmediata de aquellos que renuncien a su afiliación partidista, con lo cual perderían su curul. Estas medidas, aunque necesarias, deben ser acompañadas de un debate más amplio que trascienda lo punitivo y aborde las causas estructurales del problema, como la falta de formación política y el oportunismo electoral.
La sesión convocada por la presidenta de la Asamblea, para debatir estas reformas representa una oportunidad histórica para sentar las bases de una nueva ética parlamentaria. Sin embargo, este esfuerzo debe complementarse con iniciativas que promuevan el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, la transparencia en el financiamiento de campañas, y la profesionalización de los legisladores. Es imprescindible que la A. N. recupere su rol como espacio de deliberación técnica y democrática, guiado por la ciencia, el conocimiento y el respeto irrestricto a las leyes.
El transfuguismo, en su esencia, es una forma de “apostasía política” que pone en riesgo la estabilidad democrática al permitir que los intereses personales prevalezcan sobre los principios y las convicciones. Combatir esta práctica exige un enfoque integral que combine reformas legales, educación política y una renovación ética en la A. N. Solo así será posible construir una democracia sólida y confiable, capaz de enfrentar los retos del siglo XXI y de garantizar un futuro mejor para todos los ecuatorianos.
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