El primer año del presidente Daniel Noboa ha transcurrido en un contexto marcado por desafíos extraordinarios, arduos, espinosos, tanto internos como externos. Su gobierno ha enfrentado una crisis de (in) seguridad sin precedentes, efectos devastadores del cambio climático, tensiones políticas internas y un deterioro de los indicadores sociales y económicos que reflejan la magnitud de los retos que aún quedan por superar.
Uno de los mayores retos ha sido -sin duda- la (in) seguridad. Desde el inicio de su mandato, Noboa declaró una “guerra interna” contra las bandas criminales, cuya violencia había alcanzado niveles alarmantes. Aunque se han intensificado los operativos policiales y militares, las cárceles lamentablemente continúan siendo epicentros de violencia, con masacres recurrentes, atroces, cruentas, que han expuesto las debilidades estructurales del sistema penitenciario. Este trabajo conjunto entre policía y militares, si bien fue urgente y necesario, aún no ha logrado ofrecer resultados significativos en la percepción ciudadana. La lucha contra el crimen organizado -obvio-, requiere no solo medidas represivas, sino también estrategias de prevención que aborden las raíces sociales y económicas de la delincuencia.
Por otro lado, la sequía histórica que afectó (y aún afecta) al país, expuso la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos. La crisis energética derivada del estiaje inutilizó las principales hidroeléctricas, generando apagones prolongados y racionamientos de agua potable. Si bien el gobierno actuó mediante la importación de generadores eléctricos y medidas de contingencia, la falta de planificación preventiva y la dependencia excesiva de fuentes de energía hídrica demostraron la necesidad de diversificar la matriz energética del país. Las consecuencias de esta crisis seguirán afectando al sector productivo y a la vida cotidiana de los ecuatorianos, al menos hasta el primer trimestre del próximo año, según expertos.
En términos económicos, las reservas internacionales se han mantenido en niveles estables, lo que genera confianza en el manejo macroeconómico y ofrece un marco favorable para la inversión. Sin embargo, este desempeño no se traduce en mejoras perceptibles en la “calidad de vida” de los ciudadanos. Los indicadores de desempleo, salud, educación y pobreza reflejan un retroceso, mientras que la SEGURIDAD SOCIAL enfrenta un deterioro crítico. La disminución de la producción petrolera, atribuida al cierre paulatino de pozos como el 43-ITT, añade presión a una economía que ya lidia con problemas estructurales.
La gestión política tampoco ha estado exenta de conflictos. La pugna entre el presidente y la vicepresidenta Verónica Abad ha desgastado la imagen del Ejecutivo, al tiempo que plantea interrogantes sobre la interpretación de la Constitución y el equilibrio de poderes. Estos desacuerdos no solo afectan la gobernabilidad, sino que también alimentan el discurso de la oposición, lo que podría tener consecuencias en el futuro político del mandatario.
Este primer año de Daniel Noboa en la presidencia evidencia los límites de una administración que, aunque no es responsable directa de todas las crisis, enfrenta grandes expectativas de solución. Las circunstancias actuales no deben ser motivo de resignación, sino un llamado a trabajar con mayor compromiso y creatividad para transformar los desafíos en oportunidades. Solo con decisiones firmes, inclusivas y sostenibles, y con una mayor participación ciudadana, podremos superar el atolladero y proyectarnos hacia un futuro más esperanzador.
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