La controversia alrededor de la emisora radial Ondas del Volante FM, vinculada al Sindicato Provincial de Choferes del Cañar, ha generado un amplio debate entre directivos, exdirectivos y socios del gremio. Líderes del sector transporte han manifestado su inconformidad por la aparente cesión de la frecuencia a una empresa de Cuenca, alterando la programación original de la estación.
En redes sociales circula una carta pública dirigida al secretario general del Sindicato de Choferes, Víctor Muñoz, en la que se exige transparencia en torno a la administración de la emisora. David Andrade Paredes, abogado y periodista, en representación de socios activos, solicita copias certificadas del contrato y del acta del comité ejecutivo que avalarían la decisión de traspasar la frecuencia. Andrade enfatiza: «Como socios, tenemos el derecho de conocer el manejo de los bienes del gremio. Si no tienen nada que esconder, que lo hagan público».
El documento también denuncia una falta de atención hacia los socios en situaciones de vulnerabilidad, como accidentes o enfermedades, y propone la intervención estatal para regular el manejo de los gremios de choferes.
Respuesta del Sindicato
En declaraciones a medios locales como Cañar TV, Víctor Muñoz negó las acusaciones de arrendamiento de la emisora. Según el dirigente, lo sucedido fue una prueba de emisión técnica pactada con el ingeniero Javier Espinoza Calle, sin ningún contrato de cesión. Además, aseguró que la emisora ha retomado su programación original en la frecuencia 102.5 FM, operando tanto en AM como en FM desde sus estudios en Azogues. El anuncio responde, en parte, a la solicitud de exdirectivos como el ingeniero Wilson León, quienes demandaban el restablecimiento de la programación destinada al gremio de choferes.
La situación evidencia tensiones internas dentro del sindicato, con posiciones divididas entre los actuales directivos y quienes exigen mayor claridad en la gestión de la emisora. La reactivación de la señal radial desde Azogues, si bien fue bien recibida por algunos sectores, deja abierto el debate sobre la transparencia administrativa y la protección de los intereses colectivos del gremio. (I-r1)
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