En respuesta a la imperante necesidad de fortalecer el sistema educativo público, el Ministerio de Educación ha procedido a la apertura de 113 plazas docentes para la Coordinación Zonal 6, que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. En este contexto, la provincia del Cañar contará con nueve nuevos docentes, quienes en los próximos días se incorporarán a diversas instituciones educativas para cubrir las necesidades académicas detectadas.
La asignación de estas plazas se realizó mediante la plataforma oficial Educa-Empleo, un sistema que garantiza transparencia en el proceso de postulación, evaluación y adjudicación de cargos docentes. Según el coordinador zonal, Gustavo Sánchez, esta apertura responde principalmente a vacantes generadas por procesos de jubilación, licencias médicas prolongadas y decesos, lo que evidencia la dinámica propia del sistema educativo en constante renovación.
«Desde que iniciamos la gestión, hace aproximadamente ocho meses, hemos atendido alrededor de 170 necesidades docentes. Gracias a un proceso continuo de actualización y asignación, actualmente hemos logrado reducir significativamente la demanda», manifestó Sánchez.
Además, enfatizó que el procedimiento responde a un protocolo en el cual las direcciones distritales reportan las vacantes a la Coordinación Zonal, que a su vez gestiona ante planta central la creación de nuevas plazas, asegurando así la calidad y continuidad del servicio educativo.
Prohibición de cobros indebidos en el sistema educativo
Durante el mismo espacio de diálogo, Sánchez abordó también las recientes denuncias ciudadanas relacionadas con cobros indebidos efectuados presuntamente en algunas unidades educativas. Subrayó de manera categórica que ningún directivo, rector o docente está autorizado para solicitar recursos económicos a los padres de familia, lo cual constituye una infracción a la normativa vigente. En conformidad con la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), únicamente los comités centrales de padres de familia pueden impulsar procesos de autogestión, los cuales deben ser estrictamente voluntarios y no coercitivos. «La participación en planes de autogestión no puede ser obligatoria ni condicionante para los estudiantes», recalcó el coordinador.
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