La tarde del 7 de enero, tres delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional tras perpetrar el robo de un camión cargado de arroz y secuestrar a su conductor en la vía La Troncal-Pancho Negro, kilómetro 14. El operativo permitió rescatar al chófer, recuperar el vehículo y decomisar dos armas de fuego y tres inhibidores de señal que los antisociales utilizaban para cometer sus actos ilícitos.
A pesar de las contundentes pruebas y de que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los detenidos por los delitos de robo y asalto, el juez de la Unidad Multicompetente de La Troncal tomó una polémica decisión. Durante la audiencia, negó el pedido de prisión preventiva y, en su lugar, dispuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de salida del país y la presentación periódica de los implicados ante las autoridades.
La resolución generó malestar entre las autoridades y la ciudadanía, quienes cuestionan la decisión del juez. El fiscal del caso aseguró que la Fiscalía presentará una apelación para revertir el fallo y lograr que los implicados enfrenten prisión preventiva, argumentando que existen suficientes elementos que evidencian su peligrosidad y el riesgo de fuga.
Según los uniformados que participaron en el operativo, los delincuentes actuaron con armas de fuego para intimidar al conductor, lo que califica como un acto de alta peligrosidad. Además, el uso de inhibidores de señal indica una planificación sofisticada del crimen.
La decisión judicial también ha desatado preocupación en la población de La Troncal, un cantón donde los índices de inseguridad han ido en aumento. Habitantes y comerciantes consideran que este tipo de decisiones debilitan la lucha contra la delincuencia y envían un mensaje de impunidad. “Si a pesar de que hay pruebas, las armas y hasta el camión recuperado, los dejan libres, ¿qué mensaje se está enviando? Esto solo incentiva más delitos”, expresó Ana Vásquez, comerciante de la zona.
Este caso ha puesto en el foco la actuación de los jueces y su interpretación de la normativa penal. Organizaciones ciudadanas y expertos en seguridad han pedido al Consejo de la Judicatura que investigue y revise las actuaciones de los jueces en casos de alta connotación social, como este.
Por su parte, la Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar la seguridad y combatir el crimen organizado, pero advirtió que decisiones como la liberación de delincuentes dificultan el trabajo de las fuerzas del orden. (R9)
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