Altos costos de Matrícula y Pensión en Universidades Particulares Genera Preocupación

En una iniciativa destinada a mejorar el acceso a la educación superior en Ecuador, los candidatos de Unidad Popular a la Asamblea Nacional, Francisco Escandón y Karen García, presentaron un proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Educación Superior. Esta propuesta busca controlar los altos costos de matrícula en las universidades particulares, un tema que ha generado preocupación entre los estudiantes y sus familias.

Francisco Escandón destacó que, según la Constitución de 2008, las universidades deben estar subordinadas a los intereses públicos, alejándose de cualquier interés corporativo o individual. «Es fundamental evitar la vulneración de derechos, como el acceso a la educación universitaria. El artículo 73 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que el Consejo de Educación Superior debe fijar los montos de matrícula en las universidades privadas, pero esto no ha ocurrido en los últimos 15 años. Como resultado, los precios se han duplicado y, en el caso de aranceles y otros derechos, incluso triplicado», afirmó Escandón.

Según sus declaraciones, la matrícula más económica en Azogues asciende a 18,500 dólares, mientras que la más cara supera los 25,000 dólares. «¿Qué familia puede cubrir estos costos?», cuestionó.

Por su parte, Karen García explicó los detalles de la reforma. La propuesta establece que los cobros de aranceles, matrículas y otros derechos en las instituciones de educación superior particulares deberán respetar el principio de igualdad. Además, se eliminará el cobro por derechos de grado y la obtención del título académico.

Para la fijación de aranceles, se deberán considerar criterios como el costo por carrera, el nivel de formación, la remuneración adecuada del personal docente, la inversión en investigación y vinculación con la sociedad, así como los costos de servicios educativos. La reforma estipula que el costo máximo por semestre no podrá superar los dos salarios básicos unificados, garantizando así el acceso a la educación superior para todos los ciudadanos, sin importar su situación económica.

Finalmente, la propuesta incluye una disposición para derogar cualquier normativa que contravenga esta reforma, buscando así establecer un marco legal que asegure la inclusión y la igualdad en el acceso a la educación superior en el país. (R6)