FALLA LA DEMOCRACIA

El editorial de Diario El Universo, de anteayer lunes (16-09-2024), inicia con la siguiente y preocupante frase: “La convulsión política y judicial que vive el Ecuador no puede contaminar al periodismo…”. Entendemos que la expresión que emerge del involucramiento de ciertos periodistas investigadores que, en su afán de descubrir los vericuetos, toman contacto con ciertos personajes descalificados y cuestionados por la población; sin embargo, la frase también da cuenta del alto grado de convulsión social, moral, espiritual, política y judicial que afecta al país y que nos tiene en ascuas todos los días. La presencia cada vez más evidente de los tentáculos del narcotráfico, y por ende de la inseguridad, criminalidad y delincuencia organizada, agravadas en estas particulares épocas de precampaña electoral, nos hacen pensar que el problema se les ha ido de las manos. Hay que reconocer que este conflicto no es exclusivo del Ecuador, sino que es una dolencia crónica que viene afectando a toda Latinoamérica. Honduras, Colombia, Perú, por citar sólo tres ejemplos, sufren la embestida violenta de los grupos irregulares que, con todo su poder y saña, se han infiltrado en las instituciones públicas.

Esta palabra “narcotráfico” que antes era distintivo de la hermana república de Colombia, hoy es parte consustancial del vocabulario político de nuestro país. La propia Fiscal General del Estado había calificado al fallido juicio político en su contra, como un “narco-juicio”, a juzgar por los tentáculos que habría descubierto en los casos Metástasis”, “Purga” y otros.

Conocedores de esta soterrada práctica política, en la que se consiente la inversión de dineros sucios en las campañas, se ha advertido prudentemente sobre las severas sanciones que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla para estos casos, tales como: destitución, pérdida de derechos políticos hasta por 4 años, multas y prisión desde 3 años en adelante.

Ingenuo es pensar que existan candidatos que financien sus campañas con dineros de sus bolsillos, así como pueril es creer que digan NO a sus voluntariosos auspiciantes, pues tienen ellos la ventaja de decir ulteriormente que desconocen “de dónde provenían esos recursos”. En este sentido, es fundamental que el CNE disponga de las herramientas legales necesarias como para controlar estas vedadas costumbres que contaminan el ambiente electoral y que repercuten negativamente en la vida política y social del país. Hemos escuchado -penosamente- en varias oportunidades decir a los miembros del CNE que el control de estos inconvenientes no son parte de sus competencias y que por lo tanto deslindan responsabilidades. Y, en consecuencia, los “Observadores Electorales” que envía la Organización de Estados Americanos (OEA), sin herramientas legales, sólo se limitan a contemplar inocuamente el proceso…, y a lo mucho “denunciar” ciertas irregularidades detectadas …, ¡nada más!

Si el fortalecimiento de la DEMOCRACIA se sustenta en la participación del pueblo, y ésta en la obligada (no libre) asistencia a los procesos electorales para cumplir con el “derecho forzoso al sufragio”, podemos entonces concluir que estamos totalmente equivocados, que estamos miccionando fuera del tiesto, que la DEMOCRACIA está viciada y prostituida, y que urge ser revisada hasta depurarla por completo. En otras palabras, la letra de la ley (Constitución) falla…, y al fallar, fracasa todo el sistema.

¡No hay dónde equivocarse!